NOTA DE PRENSA 001-2025
La SPDI exige el respeto a la voluntad democrática del pueblo en Venezuela
Ante la crisis política y humanitaria que padece el hermano pueblo de Venezuela, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional expresa:
1. Su enérgico rechazo al intento de subvertir la clara expresión de la voluntad popular mediante el desconocimiento de la legítima y legal elección de Edmundo González Urrutia por amplia mayoría, y su rechazo al intento autoritario de Nicolás Maduro de permanecer ejerciendo la función presidencial.
2. La reafirmación de la plena vigencia legal y moral del "Acuerdo de Barbados para la paz y la reconciliación", firmado el 16 de mayo de 2018, mediante el cual y como resultado de un proceso de diálogo entre distintos actores políticos venezolanos, el régimen de Nicolás Maduro se comprometió a la celebración de elecciones presidenciales libres y justas, la conformación de un Consejo Nacional Electoral imparcial, la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos, entre otros aspectos.
3. Que la conducta del régimen de Nicolás Maduro representa una evidente y flagrante violación del "Acuerdo de Barbados para la paz y la reconciliación", de principios elementales del derecho internacional como el de libre autodeterminación de los pueblos, pacta sunt servanda y de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, así como del derecho internacional de los derechos humanos. Este proceder ha generado inmensos costos humanitarios para su población que se ve obligada a emigrar y a los países que vienen brindando su solidaria acogida.
4. Su exigencia al régimen de Nicolás Maduro para que inmediata e incondicionalmente entregue el poder gubernamental al único legítimo y legal representante del pueblo venezolano, Edmundo Gonzáles Urrutia; y ponga fin a las detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, además de los actos de masiva corrupción, que se vienen perpetrando.
5. El llamado a todas las fuerzas democráticas a nivel internacional para unir esfuerzos, al lado de Panamá como depositario de la actas electorales que evidencian el fraude en las pasadas elecciones venezolanas, a fin de apoyar la justa lucha del pueblo de Venezuela por reivindicar su derecho humano a elegir en forma libre, competitiva y transparente a sus gobernantes.
