LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EL PERÚ
Embajador Jorge Castañeda Méndez
El anuncio del primer ministro
de que el Ministerio de Relaciones Exteriores estará a cargo de la comisión que
evaluará un eventual retiro del Peru de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos y en consecuencia del acceso a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos debe ser objeto de una serena reflexión exenta de parámetros
ideológicos.
La separación entre justicia y
política es un pilar irrenunciable de cualquier democracia funcional,
especialmente cuando la política en la sociedad peruana está fuertemente
ideologizada, polarizada y fragmentada dentro de cada una de sus tendencias. En
este contexto si la justicia se somete a los intereses partidistas o a una
corriente política dominante, pierde su esencia como garante del Estado de
Derecho y surge la justicia selectiva donde las interpretaciones jurídicas
varían según la conveniencia de los intereses políticos lo que erosiona la
credibilidad institucional y genera inseguridad jurídica.
Si los jueces, fiscales y
tribunales en el Perú están sometidos con frecuencia a presiones políticas y,
como resultado, los fallos que se adoptan no están basados en la imparcialidad
y la objetividad en la aplicación de la ley y la justicia, la sociedad en su
conjunto queda desprotegida. En este contexto, pretender eliminar el acceso a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentando que sus fallos
responden a concepciones de izquierda, en realidad busca consolidar y perpetuar
la intromisión de la política en la justicia.
Es pertinente destacar que ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confiere al Perú beneficios estratégicos, simbólicos y prácticos. A nivel interno, las sentencias de la Corte actúan como catalizadores de reformas estructurales —obligando al Estado a ajustar leyes, políticas o prácticas violatorias—, lo que moderniza instituciones y fortalece el Estado de Derecho. El caso Barrios Altos, que anuló leyes de amnistía para violadores de derechos humanos, evidencio cómo la supervisión internacional impulso cambios profundos en el sistema interamericano de derechos humanos.
La membresía en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos también influye en la mejora de la justicia
nacional, ya que sus sentencias y recomendaciones pueden servir de guía para
los tribunales nacionales. Asimismo, los ciudadanos de un país miembro pueden
acceder a la justicia internacional y obtener reparación por violaciones de sus
derechos humanos, lo que puede ser especialmente importante en casos en que la
justicia nacional no funcione adecuadamente.
En general, la adhesión a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos es un paso importante para cualquier
país que busque fortalecer su compromiso con los derechos humanos y el Estado
de Derecho. Ser parte de la Corte refuerza el prestigio internacional del país
como actor comprometido con los derechos humanos y en capacidad de influir en
la construcción de una justicia interamericana más sólida y legítima con una
perspectiva nacional.
La membresía en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos genera alianzas diplomáticas y cooperación
técnica internacional de forma sustancial y multifacética, actuando como un eje
articulador de redes globales. Esta dinámica se manifiesta, en primer lugar,
mediante acuerdos estratégicos con organismos multilaterales.
La Corte establece alianzas
formales con entidades como Naciones Unidas (ACNUDH, ONU Mujeres), la Corte
Penal Internacional y tribunales regionales (ej. Corte Europea de Derechos
Humanos), facilitando intercambio de jurisprudencia, proyectos conjuntos —como
investigaciones sobre migración o violencia de género— y acceso a fondos de
cooperación (Unión Europea, gobiernos nórdicos) para reformas estructurales en
sistemas penitenciarios o protección de defensores de derechos humanos.
En lugar de pretender eliminar el acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los esfuerzos deberían orientarse a reforzar la independencia y modernización del sistema de justicia.
