Política Migratoria: ¿Un doble enfoque?
Embajador Marco Núñez-Melgar Maguiña *
En la agenda internacional existe una polémica sobre dos opciones a seguir en esta época de crisis migratoria: la opción de Derechos Humanos (DD. HH.), que surge desde la Declaración Universal de los DD. HH. en el ámbito de las Naciones Unidas, así como las posteriores Convenciones Internacionales de NNUU (9) que, de manera transversal, involucran a la temática migratoria. La otra opción es la securitista, que es un concepto muy en boga, sobre todo para los países grandes receptores de migraciones internacionales. Este concepto, surgido a inicios del presente siglo en la "Escuela de Copenhague", Dinamarca, se aplica desde el ángulo de las relaciones internacionales a las políticas nacionales, desde un enfoque de la seguridad nacional.
Si hacemos una simbiosis entre ambos conceptos, podemos colegir que se puede estructurar una política integral e integradora, pues en el marco legal internacional se recogen ambos conceptos, no solo bajo el ámbito de los DD. HH., como también a través de los derechos y las responsabilidades de los Estados en el control de sus fronteras (entre ellas la Declaración de Nueva York, setiembre de 1917, para migrantes y refugiados -punto 24-).
Ambos enfoques se pueden conjugar a través de un adecuado e integrado control migratorio, teniendo como base una data oficial lo más actualizada posible.
Frente a ello, resulta importante la necesidad de contar con un Registro de Información Migratoria (RIM) de última generación que contenga y concentre un registro biométrico (con datos fisiológicos y de comportamiento), que a su vez tenga todos los estándares de seguridad e información clasificada y, en algunos casos, encriptada, y que sea un sistema interoperable e integrado con las necesarias entidades públicas y privadas, según sea el caso.
Pero, para que este ambicioso proyecto tenga un carácter integral, cabría la posibilidad de hacer una reorganización en el actual registro migratorio sobre la base de un moderno diseño y que abarque una información integrada desde el inicio de la migración descontrolada en 1916, específicamente de las visas humanitarias y las solicitudes de refugio hasta las actuales residencias temporales.
En la actualidad existe un limbo migratorio en casi medio millón de solicitudes congeladas en trámite, tanto para visas humanitarias cuanto para solicitudes de refugio.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la contribución tributaria de migrantes venezolanos es de 530 millones de dólares. Se calcula en un millón seiscientos mil los migrantes venezolanos en el Perú; de ellos, el 85 % tiene ocupación laboral y, de ellos, el 49.3 % tiene educación superior y técnica, muchos de los cuales, por barreras burocráticas, no han podido revalidar sus títulos y, por ello, tan solo el 9 % tiene empleo formal.
De otro lado, esta figura contrasta con la otra cara de la moneda de la migración venezolana. En las cárceles hay más de 4,376 venezolanos (más del 70 % de los presos extranjeros), lo que significa que la percepción del aumento de la criminalidad ha aumentado ostensiblemente y, con ello, la inseguridad pública en casi todo el territorio nacional. De acuerdo con la información del Sistema de Control de Defunciones (SINADEF), se contabilizaron 575 homicidios sin resolver solo en el último trimestre (en relación con el 2017, en que se registraron 200 casos). Un repunte sistemático de homicidios en el Perú. Frente a ello, la convicción de que existe una falta de control (administrativo-policial) de parte de las autoridades competentes, a través de un gran plan integral.
Para estos objetivos se hace necesario, con la cooperación técnica y financiera de países cooperantes y la participación de las diversas agencias de NNUU, que integran el Grupo Mundial de la Migración (que fue progresivamente aumentando desde el 2003 y fue creada por la Secretaría General de la ONU),
Concretar este ambicioso propósito serviría, indudablemente, para reorganizar de manera integral el control migratorio de extranjeros en el Perú y que, a su vez, pueda servir como soporte adecuado para una política contra las organizaciones criminales de parte de las instituciones tutelares de la Defensa Nacional en nuestro país.
*Embajador de carrera; sociólogo; exmiembro del Comité de Expertos de NNUU sobre Migración Laboral; creador de la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria.
* La SPDI deja constancia que las opiniones vertidas en la presente columna reflejan solo el punto de vista de la persona autora y son exclusivamente atribuibles a ella.