La Comunidad Andina y la lucha contra el crimen organizado
Embajador Jorge Castañeda
La Decisión 922 de la Comunidad Andina (CAN) es un acuerdo regional que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aprobaron el 21 de enero de 2024 la adopción de Plan de Acción Resolutivo para enfrentar y combatir la delincuencia organizada transnacional en la subregión andina. Su importancia radica en que establece un marco jurídico e institucional unificado para que los países miembros coordinen esfuerzos operativos y de inteligencia en tiempo real, en 13 áreas críticas, incluyendo el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la cooperación penitenciaria, aduanera y migratoria.
Es precisamente por esa razón que, a lo largo de este artículo, vamos a revisar de manera sencilla cuales son los avances que ha logrado hacer hasta ahora la Comunidad Andina (CAN). Examinaremos cuales son los pasos concretos que han dado estos países para protegerse y seguir adelante con su desarrollo.
A poco más de dos años de la adopción de la Decisión 922, la Comunidad Andina ha logrado consolidar una arquitectura regional de cooperación en seguridad, basada en la coordinación política, el fortalecimiento institucional y la articulación con socios internacionales. La Secretaría General, bajo el liderazgo del Embajador Gutiérrez Reinel, ha brindado acompañamiento técnico permanente al Grupo de Alto Nivel (GAN), encargado de dirigir la estrategia. Los resultados son palpables: se han realizado 12 reuniones del GAN, se han presentado 14 informes de seguimiento al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y se han aprobado nuevos instrumentos normativos en materia migratoria, aduanera y de control de drogas.
Avances en migración, aduanas y lucha contra la minería ilegal
Uno de los primeros frentes abordados fue la gestión migratoria. Con el apoyo del programa EUROFRONT, se avanza en la construcción de las bases normativas y operativas para poner en marcha la Fase I del Banco Andino de Datos Migratorios. Este sistema funcionará bajo un modelo de interoperabilidad mediante servicios web, permitiendo el intercambio ágil de información entre los países sin centralizar los datos en una base única, y siempre bajo estrictos principios de protección de datos personales. El objetivo es armonizar las normativas y consolidar mecanismos que promuevan una migración ordenada y segura, con miras a ejecutar un pilotaje regional en el segundo semestre de 2026.
En el ámbito aduanero, los países miembros continúan implementando el Plan de Cooperación Aduanera (Decisión 930), orientado a fortalecer el intercambio de información y la asistencia mutua entre administraciones aduaneras. También se avanza en la actualización de la Decisión 728 y en programas de capacitación regional en gestión de riesgos, inspección de mercancías y control de contrabando, protegiendo así el comercio legítimo.
Uno de los avances más significativos es la implementación del Plan de Acción 2025–2030 contra la minería ilegal, construido a partir de las recomendaciones de las Reuniones de Alto Nivel Estratégico. Este plan se enfoca en la investigación y persecución judicial de los delitos asociados a minerales. Entre los logros destacan el desarrollo de estudios sobre trazabilidad del oro, intercambios técnicos sobre sistemas de debida diligencia, y el fortalecimiento de capacidades en monitoreo satelital y sistemas geoespaciales. Además, se avanza en la organización del Foro Andino de Minería Responsable y Sostenible, que abordará formalización, sostenibilidad ambiental y derechos humanos.
En la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, se reglamentó el Comité Ejecutivo del Plan Andino de Cooperación mediante la Decisión 948, y se elaboró un diagnóstico actualizado de la situación subregional. La hoja de ruta incluye iniciativas de desarrollo alternativo y sostenible bajo un enfoque de seguridad multidimensional, así como la actualización del listado de sustancias químicas controladas para evitar su desvío hacia economías ilícitas.
Control
de armas, lavado de activos y operaciones conjuntas
En materia de lavado de activos, la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de los países miembros se ha fortalecido a través del Grupo Egmont y GAFILAT. Esto ha permitido incrementar el intercambio de reportes de operaciones sospechosas vinculadas al crimen organizado, contribuyendo al seguimiento de flujos financieros ilícitos y al fortalecimiento de las investigaciones.
La cooperación operativa también ha dado frutos. Entre 2024 y 2025 se realizaron 100 operaciones contra mercados criminales en zonas de frontera, incluyendo acciones contra el narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal y la trata de personas. De estas, 21 fueron operaciones coordinadas entre varios países, lo que evidencia el alto nivel de articulación alcanzado. Estos éxitos fueron posibles gracias a los canales de confianza construidos entre las autoridades: siete encuentros presenciales entre altas instancias de inteligencia, cinco entre Directores Nacionales de Inteligencia Estratégica, y seis foros especializados de análisis sobre delincuencia organizada.
Nuevas tecnologías, cooperación penitenciaria y fortalecimiento institucional
Atendiendo las recomendaciones del II Foro Internacional sobre Delincuencia Organizada Transnacional (Quito, 2025), la Secretaría General gestionó talleres de capacitación sobre criptoactivos en investigaciones criminales, realizados en Quito y Lima. Estas jornadas han fortalecido las capacidades de los funcionarios en blockchain forensics, trazabilidad de activos virtuales e identificación de patrones sospechosos, herramientas clave para enfrentar delitos financieros emergentes. Se espera replicar estos talleres en Bogotá y La Paz durante el año.
En el ámbito penitenciario, se han promovido espacios de intercambio de buenas prácticas, como la primera jornada virtual sobre inteligencia penitenciaria, y se prevé una segunda sesión sobre tecnologías de seguridad aplicadas a las cárceles. Además, se coordina una pasantía en el INPEC de Colombia para octubre de 2026. Desde la adopción de la Decisión 922, más de 2.600 funcionarios de los países miembros han participado en procesos de formación y entrenamiento especializado, creando una verdadera comunidad regional de práctica y cooperación técnica.
Un hito fundamental ha sido la creación del Observatorio Subregional de Seguridad de la Comunidad Andina (OSSCAN), aprobado mediante la Decisión 935. Los países avanzan en la construcción de su anexo metodológico, que permitirá establecer indicadores y estándares comunes para la producción de información estratégica en materia de seguridad, orientando la toma de decisiones basada en evidencia.
Alianzas internacionales y visión multidimensional
La Secretaría General ha fortalecido su cooperación con organismos internacionales como la UNODC, el BID, la CAF, la OEA, EUROFRONT, El PACTO 2.0, COPOLAD III, el Instituto Igarapé, la OCDE y la FACT Coalition. Estas alianzas han movilizado asistencia técnica y recursos especializados que potencian la implementación de la Decisión 922.
La seguridad y el desarrollo son dimensiones inseparables para construir fronteras prósperas y resilientes. Por ello, se impulsa la articulación entre el Grupo de Alto Nivel (GAN) y el Grupo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo Fronterizo (GANIDF), consolidando un enfoque multidimensional que integra seguridad, cohesión social y desarrollo territorial. Los países miembros han proyectado una Segunda Fase del Plan de Acción Resolutivo-orientada a esta visión integral.
Conclusión
En
poco más de dos años, la Comunidad Andina, bajo el liderazgo activo de su
Secretario General, el Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, ha transformado una
respuesta de emergencia en una arquitectura regional multidisciplinaria de
cooperación en seguridad. La implementación del Plan de Acción Resolutivo
demuestra que la integración andina es una herramienta efectiva para enfrentar
amenazas comunes que trascienden las fronteras. Estos avances reflejan el
compromiso de los países miembros y de la Secretaría General con una visión que
articula seguridad, desarrollo e integración, sentando las bases para construir
territorios más seguros, resilientes y con mayores oportunidades para los
ciudadanos andinos.
