Columnas mundiales de la SPDI: Oportunidad para el relanzamiento de la política exterior común de la Comunidad Andina
Oportunidad para el relanzamiento de la política exterior común de la Comunidad Andina
Embajador Jorge Castañeda
La coyuntura actual
ofrece una ventana de oportunidad singular para el relanzamiento de la política
exterior de la Comunidad Andina (CAN). Confluyen tres factores que difícilmente
se repetirán en el corto plazo: los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú comparten una visión promercado; a partir de setiembre de 2026, el Perú
asumirá la Presidencia pro tempore del bloque para el periodo 2026-2027; y su
Secretaría General ya está a cargo del embajador peruano Gonzalo Gutiérrez.
Sin embargo, este
impulso demanda un liderazgo compartido y corresponsable entre las cuatro
naciones, más allá de la titularidad de turno. La iniciativa no debe ser
percibida como un interés bilateral, sino como un verdadero proyecto
subregional. Este escenario propicio permite retomar con decisión la ejecución
de la Decisión 458, norma aprobada en 1999 que establece los Lineamientos de la
Política Exterior Común (PEC) en las áreas política, económica y sociocultural,
pero cuyo potencial permanece aun largamente subexplotado.
Reconocer los tropiezos
del pasado resulta indispensable para no repetir errores. Las rigideces
burocráticas, las desconfianzas puntuales entre socios y los vaivenes de los
ciclos políticos internos frenaron su implementación plena durante más de dos
décadas. Sin embargo, ejemplos exitosos como la negociación conjunta en la
Organización Mundial del Comercio sobre subvenciones pesqueras o la
articulación frente a la pandemia de COVID-19 demuestran que, cuando los cuatro
se coordinan, sus resultados se multiplican. La relevancia de reactivar esta
política trasciende lo meramente administrativo: implica un salto cualitativo al
dotar a la CAN de una voz y una estrategia únicas frente al resto del mundo.
Contar con una posición
coordinada en foros multilaterales y ante terceros bloques no solo multiplica
el peso negociador de cada país, sino que fortalece la cohesión interna y la
identidad regional. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre y
las tensiones geopolíticas, esta unidad resulta estratégica. Para Bolivia y
Ecuador, esta proyección conjunta resulta especialmente valiosa para defender
sus intereses en desarrollo sostenible y recursos naturales con el respaldo de
todo el subgrupo. Para Colombia y Perú, que ya cuentan con importantes acuerdos
comerciales externos, una PEC optimiza su capacidad de negociación y les
permite evitar la competencia desleal entre socios, transformando la CAN en una
plataforma de lanzamiento más sólida hacia los mercados globales.
Los beneficios
concretos de la Decisión 458 se despliegan en tres áreas de acción. En el plano
político, la coordinación andina resulta fundamental para enfrentar amenazas
transnacionales que ningún país puede combatir aisladamente: crimen organizado,
minería ilegal, narcotráfico, flujos migratorios irregulares y los crecientes
impactos del cambio climático. Al mismo tiempo, se consolidan posiciones comunes
en defensa de la democracia y los derechos humanos. No obstante, la realidad de
2026 exige incorporar temas que no estaban previstos en 1999, como la
ciberseguridad, la transición energética, el comercio digital y los desafíos
éticos de la inteligencia artificial, áreas en las que la subregión requiere
posiciones coordinadas con urgencia.
En el terreno
económico, el potencial desperdiciado es enorme. Hoy, el intercambio comercial
entre los países andinos apenas alcanza el 4,8% de su comercio total con el mundo,
una proporción sensiblemente inferior a la de otros esquemas regionales como el
Mercosur. Una PEC efectiva podría no solo elevar este porcentaje, sino generar
un valor agregado estimado en más de USD 8.000 millones anuales en cadenas de
valor compartidas. Para lograrlo, se requiere avanzar en temas concretos:
eliminación de la doble tributación, armonización de normas sanitarias y
fitosanitarias, y facilitación efectiva del comercio intrarregional.
En lo sociocultural, la
agenda común permitiría dar plena vigencia al Estatuto Migratorio Andino, que
beneficia a más de 115 millones de ciudadanos, y potenciar iniciativas de
turismo multi- destino como la ruta de los "Caminos Andinos". Estos
beneficios tangibles llegarían directamente a la ciudadanía y reforzarían el
sentido de pertenencia a la subregión, algo que ningún acuerdo comercial
aislado puede lograr por sí solo.
La filosofía que se
debe de llevar adelante en la PEC es que los acuerdos deben traducirse en
productos palpables para el ciudadano de a pie, como el desarrollo de
iniciativas como el roaming andino, la eliminación de documentos de viaje, el
sistema INTERCOM (Plataforma de Interoperabilidad Comunitaria de la Comunidad
Andina, el Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria de la Comunidad Andina
(CRIFCAN), Caminos Andinos, o proyectos como lograr cielos abiertos andinos o
el mercado eléctrico subregional o el
programa de trabajo sobre 13 áreas específicas de lucha contra la criminalidad
organizada Esta brújula ciudadana es la que debe guiar cada negociación y cada
decisión diplomática, porque la integración solo será sostenible si el
ciudadano común percibe mejoras en su vida diaria.
Para que esta
oportunidad histórica no se diluya, se requieren acciones coordinadas y
sostenidas. En el plano operativo, si bien la Presidencia peruana ofrece un
punto de partida inmejorable, el éxito dependerá de que los cuatro gobiernos
asuman la PEC como un proyecto propio, más allá del liderazgo circunstancial.
Es impostergable que los Presidentes inscriban el relanzamiento en la agenda
del próximo Consejo Presidencial Andino, asumiendo compromisos con metas y
plazos definidos. Ello debe ir acompañado de una intensa coordinación
interministerial, liderada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,
para adoptar posiciones comunes y establecer vocerías únicas en los escenarios
internacionales.
La Secretaría General
tiene la responsabilidad de proponer una hoja de ruta que actualice los
lineamientos de 1999 a la realidad de 2026. Asimismo, se debe institucionalizar
una coordinación diplomática permanente entre las misiones de los países
miembros y, finalmente, involucrar activamente al sector privado, la academia y
la sociedad civil, para que la política exterior no sea percibida como un ejercicio
gubernamental lejano, sino como una estrategia compartida que genera
oportunidades para todos. Para asegurar el cumplimiento de estos acuerdos, se
sugiere además establecer un sistema de seguimiento con indicadores anuales de
avance, que permita corregir desvíos y mantener viva la agenda más allá de los
cambios de gobierno o de las rotaciones en la Presidencia del bloque.
En síntesis, la
convergencia de una misma orientación económica, el inminente liderazgo peruano
en la Presidencia y la experta conducción de la Secretaría General configuran
una coyuntura excepcional, pero solo será aprovechada si se construye sobre la
base de la confianza mutua y la corresponsabilidad. La Decisión 458 ya contiene
la hoja de ruta; solo falta la voluntad colectiva para ponerla en marcha,
actualizándola con los desafíos del siglo XXI y aprendiendo de los escollos del
pasado. Aprovechar este momento con decisión y visión de futuro no solo
consolidará a la CAN como un actor relevante en el concierto internacional,
sino que demostrará que la integración andina sigue siendo una herramienta viva
y eficaz para construir una subregión más fuerte, resiliente y mejor
posicionada ante los desafíos del mundo contemporáneo.
